El sector de la automoción agradece al Gobierno que abra la posibilidad de diálogo ante el horizonte 2040

La prohibición de comercializar vehículos de combustión a partir del año 2040 y su circulación a partir de 2050 ha sentado como un jarro de agua fría en el sector de la automoción en España. Por eso, la ministra de Industria Reyes Maroto no ha tardado en convocar una reunión con las principales asociaciones del sector, Ganvam, Aniacam y Anfac. Su intención ha sido abrir la puerta al diálogo. Esta medida, incluida en el borrador de Ley de Cambio Climático, pretende cumplir con los objetivos de los Acuerdos de París.

 

 

Una propuesta que va en línea con las actuaciones de otros países europeos como Francia, cuyos plazos de ejecución son mucho más ambiciosos que los nuestros. A partir de 2040 se prohibirá la venta de turismos y furgonetas propulsadas con gasolina y diésel. Algo que también afectará a los híbridos. La intención del Gobierno es que a partir de 2050, solo circulen por las carreteras españolas vehículos cero emisiones. También pretende que la energía que consumamos en España sea 100% renovable.

“Excesiva en sus objetivos y acelerada en sus plazos”

El aluvión de reacciones obtenidas la semana pasada por parte de la mayoría de asociaciones de empresarios del sector no se hizo esperar. Éstas se apresuraron a emitir diversos comunicados mostrando su rechazo a la propuesta. La mayoría la considera poco realista. Opinan que difícilmente se podrá conseguir la transformación del sector en ese plazo.

Ganvam, la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor y Recambios ha abogado por una transición ordenada y responsable. Consideran que esta medida sólo sirve para confundir a la población y trasladar un mensaje negativo sobre la movilidad eléctrica. La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, también ha rechazado la propuesta. Afirman que el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, es “excesivo en sus objetivos y acelerado en sus plazos”.

El sector del automóvil supone el 10% del PIB español y da trabajo al 9% de la población activa. Así, consideran este anuncio un factor de inestabilidad, que puede provocar graves consecuencias. Abogan por una transición progresiva hacia la electrificación de los más de 24 millones de vehículos que hay actualmente en España.

Retos de la movilidad sostenible

La infraestructura de recarga es uno de los principales retos a los que se enfrenta el vehículo eléctrico. Aunque hay que recordar que, a principios de octubre, el actual gobierno eliminó la figura del gestor de carga. Un hecho que, sin duda, facilitará su desarrollo. Por otro lado, en los últimos dos meses hemos podido conocer la intención de las dos grandes eléctricas españolas, Iberdrola y Endesa, de poblar la península de puntos de recarga. En este sentido, también se sumaban a esta iniciativa algunos fabricantes. Lo confirmaba Nissan durante la celebración de IV Foro Nissan de Movilidad Sostenible el pasado 28 de septiembre.

Para Ana Sánchez, directora general y representante de Ganvam “la voluntad del Ministerio de mantener espacios de diálogo que permitan a todo el sector trabajar de manera coordinada y con un objetivo común: el futuro de la movilidad en nuestro país. Todo ello nos va a permitir posicionar a España como uno de los países de referencia en bajas y cero emisiones”

La reunión, con presencia de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se ha mantenido en un clima de cordialidad y voluntad de trabajo por todas las partes. En ella se ha acordado seguir trabajando sobre el Acuerdo Estratégico para una Movilidad Sostenible y Eficiente del sector de la Automoción. Bajo este marco, la reunión ha servido para fijar las medidas que se llevarán a cabo para conseguir los objetivos planteados en el borrador del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica.

El Gobierno de España en este sentido está tomando decisiones en línea con el resto de países europeos. Recordar que la Unión Europea ha propuesto una descarbonización del 30% y el Parlamento Europeo de 40% para de 2.030.